OVIEDO, 3 (EUROPA PRESS) El Tribunal Constitucional ha admitido parcialmente el recurso de inconstitucionalidad que el Gobierno asturiano presentó en 2012 contra un artículo del Decreto Ley de Medidas para garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario, aprobado ese año por el Ejecutivo central. Así, se declara inconstitucional el apartado que obliga a la Comunidad Autónoma a adscribir a médicos, matronas y practicantes a órganos administrativos que no pertenezcan a instituciones sanitarias públicas. En la sentencia del TC se considera que este aspecto, recogido en el artículo 2 de la disposición adicional decimosexta incurre en vulneración del marco competencial. El tribunal establece que “esta integración forzosa de funcionarios en ámbitos que no se relacionan con las habilidades y competencias que ostentan (pues no otra cosa es lo que determinaba su pertenencia a determinados cuerpos de funcionarios así como que realizasen su labor en el ámbito de los servicios autonómicos de salud), supone así una intromisión en la competencia autonómica sobre la gestión del personal a su servicio”. La señalada disposición se refiere en este punto a los médicos, matronas y practicantes titulares de los servicios sanitarios locales que presten sus servicios como médicos generales, practicantes y matronas de los servicios de salud, y el resto del personal funcionario que preste sus servicios en instituciones sanitarias públicas. Todos ellos, según establecía el primer artículo de la disposición disponían hasta el 31 de diciembre de 2013 para integrarse en los servicios de salud como personal estatutario fijo, sin perjuicio de los derechos consolidados A tal fin, las comunidades autónomas establecerán los procedimientos oportunos. Sin embargo, el segundo artículo de la misma (el declarado inconstitucional) matizaba que “en caso de que este personal opte por permanecer en activo en su actual situación, en los cuerpos y escalas en los que ostenten la condición de personal funcionario, las comunidades autónomas adscribirán a este personal a órganos administrativos que no pertenezcan a las instituciones sanitarias públicas, conforme a las bases de los procesos de movilidad que, a tal fin, puedan articularse”. El Gobierno del Principado anunció en julio de 2012 la presentación de este recurso de inconstitucionalidad. El día 13 de ese mes, el Consejo Consultivo del Principado de Asturias dictaminó la existencia de fundamentos jurídicos suficientes para la interposición de los recursos de inconstitucionalidad, al estimar que el Gobierno de España ha podido incurrir “en un exceso de bases” al invadir, en el caso del Real Decreto-Ley en materia Sanitaria, las competencias autonómicas en materia de autoorganización de la Comunidad Autónoma.
