MADRID, 5 (EUROPA PRESS) La Coordinadora Estatal de VIH y Sida (CESIDA) ha denunciado que Instituciones Penitenciarias haya enviado una circular a las cárceles españolas para vetar una serie de medicamentos que se pueden recetar gratuitamente a los presos. “Esto es mucho más indignante cuando, además, este mismo año el Tribunal Supremo anulaba una orden que permitía a las cárceles modificar el tratamiento para ahorrar”, ha señalado la organización. Además, ha avisado de que este hecho supone un “deterioro importante” para la salud de muchas personas reclusas que no podrán acceder a medicamentos que necesitan y que están financiados por el Sistema Nacional de Salud (SNS), en una “clara vulneración” de los derechos sanitarios de las personas privadas de libertad. “Este nuevo ataque a los derechos sanitarios de las personas reclusas es una clara vulneración de los derechos sanitarios de las personas privadas de libertad. Y, por lo tanto, de sus derechos humanos, porque las personas reclusas están privadas de libertad, no del derecho a la salud”, ha señalado el presidente de CESIDA, Juan Ramón Barrios. Asimismo, la organización ha recordado que alrededor de un 20 por ciento de los presos en España padecen hepatitis C, de los cuales un 27 por ciento está coinfectado por el VIH. Un “problema grave” que, a su entender, necesita una solución “urgente” y que “no se está abordando de forma prioritaria y con la contundencia necesaria”. ES UNA “BARBARIDAD” Y es que, tal y como ha advertido, esta situación se puede ahora agravar si se ponen “trabas” a los medicamentos necesarios para tratar las comorbilidades asociadas con lo que la salud de estas personas se puede ver seriamente agravada. “Hacer pagar a las personas reclusas por aquellos medicamentos que sean vetados por instituciones penitenciarias es una verdadera barbaridad, el acceso a la sanidad tiene que ser universal, para todos y todas”, ha aseverado Barrios. De hecho, prosigue, va a haber una “mayoría” de personas con largas condenas y con una condena añadida para su salud, así como una minoría de personas reclusas con menores condenas y con delitos de “guante blanco” que no tendrán problemas económicos para resolver este tema, por lo que, a su juicio, “esta será una nueva medida clasista de este gobierno”. Por todo ello, CESIDA ha solicitado al Ministerio del Interior que retire esta instrucción de forma “inmediata” para garantizar el derecho a la salud de todas las personas y en caso contrario anima a las organizaciones médicas colegiadas a que presenten un recurso contra Instrucción que vulnera los Derechos Humanos, el reglamento penitenciario y la autonomía de los profesionales sanitarios en este ámbito. “Vamos a solicitar un informe jurídico a su departamento de clínica legal y estudiará, junto a otras organizaciones del ámbito penitenciario, las acciones judiciales para derogar nuevamente esta inhumana instrucción del Gobierno”, ha zanjado.
