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SEVILLA, 27 (EUROPA PRESS) Cuatro médicos investigados por una presunta negligencia médica en el caso de una joven de 23 años que quedó estéril tras haberse sometido voluntariamente a un aborto en el verano de 2016 tras once semanas de gestación en una clínica privada de la capital hispalense han defendido este lunes su actuación y han negado haber cometido ninguna “negligencia” en este caso. Fuentes del caso han informado a Europa Press de que la juez de Instrucción número 1 de Sevilla ha tomado declaración como investigados este lunes a dos médicos del Hospital Virgen del Rocío y a otros dos médicos de la clínica privada referida, mientras que también ha declarado, aunque en este caso como testigo, una facultativa del Virgen del Rocío. Los cuatro médicos, denunciados por la joven a cuenta de un presunto delito de lesiones agravadas por imprudencia profesional, han negado cualquier tipo de responsabilidad en este caso y también han negado que la rotura uterina que sufrió la denunciante fuera provocada por la intervención llevada a cabo para la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). Asimismo, y según las fuentes consultadas por Europa Press, los facultativos han defendido ante la juez la conveniencia de administrar coagulante a la paciente, medida que no obstante fue calificada de “arriesgada” por un médico forense del Instituto de Medicina Legal (IML) de Sevilla que realizó un informe en este caso. Durante sus comparecencias, que se han prolongado durante toda la mañana y en la que no ha estado presente la Fiscalía, los facultativos también han rechazado que, inicialmente, fuera necesario someter a la joven a un TAC, lo que sí realizaron después de que la denunciante sufriera una tercera hemorragia y tuviera que ser ingresada nuevamente en un centro hospitalario. Los dos médicos del Virgen del Rocío han contestado tanto a las preguntas formuladas por la juez como por sus defensas y el abogado de la denunciante, Mario López Gaitica, mientras que los dos facultativos de la clínica privada no han respondido a las preguntas del letrado de la joven. LA DENUNCIA En la denuncia, el abogado de la joven relata que ésta decidió el 27 de julio de 2016 interrumpir voluntariamente su embarazo de once semanas de gestación y someterse a una IVE, de forma que, tras los trámites pertinentes en su centro de salud, fue derivada a un centro concertado para llevar a cabo la intervención. Seguidamente, acudió el 2 de agosto de ese mismo año a esta última clínica para someterse a dicha intervención, de modo que dio comienzo al procedimiento de interrupción “según la técnica habitual” para provocarle el aborto voluntario, denominada interrupción por legrado aspirativo, “consistente en la dilatación mecánica del cuello uterino para, posteriormente, introducir un tubo que va conectado a un potente aspirador que succiona el feto”. La denunciante añade que, al terminar la intervención, y como consecuencia del procedimiento quirúrgico, la joven “comenzó a sangrar profusamente a través del cuello uterino”, pero al no poder detener la hemorragia, los facultativos decidieron su traslado “urgente” al Hospital Virgen Macarena, donde el ginecólogo de guardia “consiguió contener la hemorragia”, permaneciendo cuatro días en la UCI. En este sentido, la denuncia añade que la joven fue dada de alta el 6 de agosto, pero seis días más tardes, concretamente el 12 de agosto, volvió a ingresar en el hospital, esta vez en el Virgen del Rocío, “por presentar de nuevo cuadro de inestabilidad y hemorragia profusa de las mismas características que en la ocasión anterior”. En esta ocasión, y según el abogado de la joven, se le administró anticoagulante, realizándose un legrado uterino y colocándose un balón uterino para evitar la hemorragia, siendo dada de alta el día 17, no obstante lo cual tres días más tarde sufrió “un nuevo shock hemorrágico vaginal” y, dada “la gravedad de la situación en la que se encontraba, debió ser intubada y sometida a maniobras de reanimación por correr riesgo su vida”. Además, según la denuncia, se le realizaron una serie de pruebas diagnósticas concretas que “evidenciaron una rotura uterina como origen del sangrado”, por lo que fue sometida a una histerectomía total simple –“lo que se traduce en la extirpación del útero y el cuello uterino”–, según expone el letrado, que asevera que “las secuelas de los daños producidos” durante la intervención para la interrupción voluntaria del embarazo “no fueron únicamente físicas”. ANSIEDAD Y DEPRESION Y es que, según lamenta, la joven “también se vio afectada psicológicamente, ocasionándole episodios graves de ansiedad y de depresión”, todo ello “sin olvidar que, como consecuencia de la histerectomía total simple, resultará totalmente imposible” para la afectada “poder llegar a tener descendencia desde el momento de la operación en adelante”. El Juzgado cuenta en este caso con el informe elaborado por un médico forense del IML, donde el experto asegura que el hecho de que se le administrara un tratamiento anticoagulante en su segundo ingreso hospitalario “fue una medida del todo imprudente” teniendo en cuenta “la situación particular” de la joven. Según el médico forense, “administrar anticoagulantes en una persona que ha tenido dos hemorragias genitales masivas que han condicionado dos ingresos en la UCI por shock hemorrágico, con un intervalo de tan solo unos días, es una medida arriesgada”, ya que “de producirse una nueva hemorragia la coagulación estaría famarcológicamente impedida y por tanto la magnitud de la hemorragia sería mayor y de más difícil control”. En cuanto al diagnóstico de la complicación presente después de la IVE, el forense asevera que “hubo retraso en el uso de la técnica complementaria que finalmente estableció el alcance de la complicación, ya que como después se comprobó existía una afectación de la pared uterina, afectación que se debió de producir el día de la IVE, pero no se diagnostica hasta 20 días después”. “Durante el primer ingreso, se utiliza ecografía como medio diagnóstico, cuestión que puede ser razonable y acorde a la situación del caso, al menos en un primer momento”, pero “sin duda no era la técnica complementaria de mayor grado de especificidad que se podía usar en ese momento”. “CONSECUENCIAS IRREPARABLES” Además, el forense añade que, “en la medida que el día 12 de agosto se ingresa nuevamente con una situación de hemorragia genital masiva, hubiese sido un momento excelente y una decisión prudente usar una técnica diagnóstica más resolutiva, TAC con contraste, que sin duda hubiese establecido el alcance del problema uterino, técnica que se utiliza en el tercer ingreso con el resultado conocido”, en relación a la esterilidad que le produjo a la joven. “Médicamente, realizar la histerectomía era la decisión clínica más segura, pero llevarla a cabo tenía consecuencias irreparables para el futuro reproductivo de la paciente y por ello la decisión pertenecía en última instancia a ella”, argumenta el forense, que apunta que, según le informaron tanto la paciente como su padre, “la consigna que tenía el cirujano era la de conservar en la medida de lo posible el útero, pero ante la duda no querían volver a entrar en el infierno que habían pasado y que por tanto le autorizaba para la realización” de la histerectomía. A su juicio, “el realizar la histerectomía no fue una decisión acorde a las particulares condiciones de la paciente”, punto en el que apostilla que, durante el segundo ingreso, “el no usar una técnica diagnóstica resolutiva fue una omisión desafortunada que demoró aún más el diagnóstico”, mientras que administrar anticoagulante durante este segundo ingreso fue una medida “arriesgada”. Y es que, “con una sangre con el poder de coagulación muy disminuido, la hemorragia que sufrió tres días después del alta perfectamente podría haber tenido un desenlace fatal”, opina el médico.
