By
La joven recibirá una indemnización de 2,15 millones de euros que tendrán que abonar el doctor, dos aseguradoras y el centro médico VIGO, 16 (EUROPA PRESS) El juzgado de lo penal número 3 de Vigo ha condenado a dos años de prisión y cuatro de inhabilitación para el ejercicio de la profesión médica al traumatólogo del centro El Castro-Hospital Perpetuo Socorro de Vigo Pedro M.L.P. Lo considera responsable de un delito de lesiones por imprudencia grave por la atención prestada a la deportista Desirée Vila, a quien amputaron una pierna. En la sentencia, la magistrada condena al médico, asimismo, a indemnizar a la joven gimnasta en más de 2,15 millones de euros, así como en los gastos previsibles de asistencia sanitaria y por incremento de costes de movilidad; cantidades de las que deberán responder conjunta y solidariamente el acusado, dos aseguradoras y el centro médico. Esta resolución, que podrá ser recurrida en apelación ante la Audiencia Provincial de Pontevedra, se corresponde con la petición que hizo la Fiscalía, y supone una rebaja respecto a la solicitud de tres años de prisión y cuatro de inhabilitación que hizo la acusación particular. Por su parte, las defensas del doctor, del centro médico y de las aseguradoras pedían la libre absolución. Desirée Vila tuvo un grave accidente cuando entrenaba y como consecuencia sufrió rotura de tibia y peroné. Aunque inicialmente la llevaron al hospital Fátima, fue trasladada al citado centro médico, donde fue intervenida. Complicaciones vasculares obligaron a llevarla al hospital Povisa, donde tuvieron que amputarle parte de la pierna. La magistrada concluye que la amputación se produjo como consecuencia del retraso en el diagnóstico de la lesión de la arteria poplítea, por la falta de utilización de medios diagnósticos “existiendo sospechas fundadas de lesión vascular”, así como por el retraso de siete horas en la prueba del angio-TC y el retraso de 15 horas en el traslado a Povisa, a efectos de una revascularización. Así las cosas, a partir de la prueba practicada, entiende que esta “pluralidad de omisiones sucesivas”, que incidieron “directa y eficientemente en el desenlace final”, son “imputables al acusado y frontalmente contrarias a la lex artis”, por lo que le considera autor de un delito de lesiones por imprudencia profesional, con pérdida de miembro principal y grave deformidad. PENA En cuanto a la pena, la jueza considera adecuados dos años de prisión y cuatro de inhabilitación para la profesión médica, “atendiendo, por una parte a la entidad de los hechos y al resultado causado, y por otra a la carencia de antecedentes penales del acusado y el ejercicio de su profesión durante años sin tacha alguna”. Finalmente, la indemnización se desglosa en 14.964 euros por los días de baja, 176.954,63 euros por secuelas, 111.149,10 euros por perjuicio estético, 1.100 euros por una intervención quirúrgica, 96.000 euros por el daño moral complementario a la secuela, 100.000 euros por pérdida de calidad de vida, 1.168.642 euros por la prótesis y 485.875 euros por la prótesis deportiva. LOS HECHOS La magistrada considera probado en la sentencia que, en febrero de 2015, cuando contaba con 16 años, la joven sufrió un accidente mientras hacía ejercicios en la cama elástica por el que tuvo que ser trasladada inicialmente hasta el Hospital Fátima; donde, tras practicarle una exploración física y otras pruebas, fue derivada al Centro Médico El Castro. Allí, el médico de guardia la reconoció y puso los hechos en conocimiento del traumatólogo acusado, quien “no consideró oportuno visitarla hasta las 11,00 horas” del día siguiente, apunta la jueza, que mantiene que, en el periodo el que la paciente estuvo a su cargo, el doctor “omitió la realización de pruebas diagnósticas complementarias para descartar lesiones vasculares o que permitiesen su diagnóstico y tratamiento en tiempo idóneo”. En esta línea, subraya que las pruebas no fueron efectuadas “a pesar de que los traumatismos de alta energía en las rodillas llevan asociados, en un gran número de ocasiones, lesiones vasculares en la poplítea”; aunque “en la primera noche y madrugada Desirée Vila se quejó de dolor intenso”; y aún cuando en los informes de enfermería se hacían constar datos clínicos como “edema, escaso pulso pedio y dolor muy intenso”. Así, “no fue hasta el 1 de marzo cuando prescribió el acusado un angio-TC para descartar o confirmar patología tipo obstrucción arterial”, dice la jueza, que reprueba que, pese a las sospechas, el doctor “permitió que esta prueba se demorase” hasta última hora de la tarde y, tras obtener un resultado “compatible con la sección de la arteria poplítea”, “no acordó, ni solicitó, ni adoptó las medidas necesarias para el traslado inmediato de la paciente”. Con ello, entiende que obvió “la urgencia del cuadro clínico” e incrementó “los plazos para su adecuado tratamiento, en términos que comprometían la viabilidad de la extremidad”. A raíz de ello, expone, en Povisa se procedió a una cirugía pero, “dada la imposibilidad de revascularización y la isquemia severa e irreversible de la zona afectada, a Desirée Vila le fue indicada y practicada la amputación supracondílea del miembro inferior derecho el 4 de marzo”. Como consecuencia de todo ello, la joven requirió rehabilitación, revisiones y tratamiento, y le quedaron como secuelas la amputación del miembro –por lo que requiere de prótesis y le fue reconocido un grado de minusvalía del 45 por ciento–, un perjuicio estético importantísimo y trastorno depresivo leve.
